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Impuesto Ecológico ¿Inicio de la revolución fiscal?

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

El 2017 nos recibió con modificaciones al orden mundial, nacional y estatal; a nivel internacional, el relevo de gobierno en los EEUU es quizás el suceso que más cambios vislumbra en el panorama político y económico global a corto y mediano plazo, además, el que más oportunidades nos dará de generar debate desde este y otros espacios de expresión.

En el nivel nacional, amén de las implicaciones del “fenómeno Trump”, iniciamos el año con la llegada del mayor “gasolinazo de la historia” que ante la falta de tacto y sensibilidad política social, además de la pésima estrategia de comunicación gubernamental, ha logrado que la sociedad mexicana muestre atisbos de reacción y cohesión social a través de manifestaciones de inconformidad, llevando a niveles históricamente bajos la aprobación del Presidente de la República y congregando voluntades y deseos ciudadanos, de detener los abusos del “Sistema”, independientemente de ideologías políticas.

Finalmente en el nivel estatal, el año nos recibió con el siempre impopular nacimiento de nuevos impuestos, dentro de los que destaca el denominado “Impuesto Ecológico”.

Es natural la impopularidad de los impuestos; es natural también la resistencia a aceptar su pago, resistencia que se acrecienta a medida que se incrementa el nivel de poder económico y político del sujeto que puede ser “afectado”; que en este caso, no es cosa menor.

El Impuesto Ecológico contempla cuatro vertientes que dan origen a su base gravable:

  • La remediación ambiental en la extracción de minerales.
  • La emisión de gases a la atmósfera.
  • El depósito o almacenamiento de residuos.
  • La emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua.

No obedecen a meras ocurrencias, sino a lo que parece ser un acto de justicia social, por los efectos de una industria altamente extractiva, que ha convertido no solo a Zacatecas sino a buena parte de la América Latina en el proveedor del bienestar económico de los imperios y los países desarrollados: la minería. Industria cuyos efectos en muchos casos devastadores, han transferido al Estado su costos a mediano y largo plazo.

La actividad minera en México ha resultado sumamente redituable para el capital extranjero a lo largo de la historia. Zacatecas ha sido para el mundo, uno de los grandes proveedores de minerales desde tiempos de “La Colonia”; de ahí la existencia de territorios devastados como es el caso de la región de Noria de Ángeles, que por la explotación de la mina Real de Ángeles, dejó para otra vida la productividad  de sus tierras.

Zacatecas tiene en su subsuelo, algunos de los yacimientos de minerales más importantes del mundo, razón por la que en los últimos años ha recobrado su posición de uno de los principales productores de oro, plata, cobre, zinc y otros minerales.

No se pone en duda la gran contribución que por diferentes vertientes hacen las empresas mineras al desarrollo de la entidad; tampoco las labores de responsabilidad social y el cumplimiento de estándares de calidad en su producción y normas que pretenden regular el impacto de su actividad. Sin embargo, si se considera la explotación y el enorme valor de los bienes extraídos del subsuelo, resulta a todas luces insuficiente su contribución económica al erario nacional.

Uno de los argumentos para restar legitimidad al “impuesto ecológico”, ha sido que tiene fines meramente recaudatorios, argumento un tanto absurdo si se toma en cuenta que un impuesto tiene por naturaleza es fin: recaudar. No obstante las actividades que grava, analizadas con detenimiento, presentan dos puntos medulares para dotarle de legitimidad económica y social:

  • La recaudación como cobro a los daños causados al medio ambiente y la sustentabilidad de los territorios, por las industrias altamente extractivas.
  • El carácter de progresividad del impuesto, dadas sus características de gravar de facto, el nivel de actividad industrial altamente extractiva y sumamente redituable, sin afección directa a los beneficios de los trabajadores: una forma de impuesto al capital.

Llama la atención que los sindicatos se manifiesten en contra de un impuesto que grava la actividad empresarial -dentro del derecho que conlleva la facultad del Estado para ejercer la rectoría económica- en tanto no se han manifestado contra las reformas estructurales que hasta el momento han precarizado el estatus económico de la clase media principalmente, a la que por cierto, pertenecen la mayor parte de los empleados de las empresas mineras. Se percibe entonces una forma de “charrismo sindical” desde la iniciativa privada, que valga decirlo no es menor, dado el poder económico y de negociación de ese gremio tan bien organizado.

Particularmente considero, que ante estos embates y la crítica social que pudiera desencadenar, el Estado no debe ceder en sus objetivos de recaudación del impuesto; primero porque es la única actividad industrial sobre la que pueden mantener el mayor poder de negociación, ya que yacimientos mineros como los que se explotan en Zacatecas, no abundan en otras partes del mundo; segundo, porque representa el primer acercamiento con un acto de justicia fiscal distributiva, al gravar la actividad industrial (que reditúa en altas ganancias de capital) sin que los “perjuicios” causados, pueden ser transferidos legítimamente al trabajador.

Ha sido ideario de algunos de algunos de los últimos “Premios Nobel de Economía”, impulsar impuestos que graven las altas concentraciones de riquezas y que hasta le fecha gozan de ciertas formas “paraísos fiscales mundiales”: las transacciones financieras, las herencias, la acumulación de capital y la actividad extractiva de alto impacto.

Si bien la utopía útil del Impuesto Mundial al Capital (Piketty dixit) resulta muy distante, este impuesto bien puede representar el primer acercamiento a ello. Ahí radica el gran temor del empresariado (principalmente el minero): la eventual replica de este tipo de imposiciones en otras entidades federativas, en la federación misma y por qué no, en otras naciones. Por ello se entiende la fuerza con que reaccionan en su contra.

Ahora bien y para finalizar, los argumentos aquí vertidos, parten de la premisa de que los recursos eventualmente recaudados, se destinen adecuadamente a la promoción del desarrollo económico y social de Zacatecas. Ahí radica la otra cara de la moneda: someter al escrutinio popular, el histórico despilfarro del recurso público, los grandes vicios de corrupción, la escasa transparencia y rendición de cuentas, así como el enriquecimiento de políticos y empresarios consentidos del “Sistema” y no solo eso, sino actuar en consecuencia; pero eso, aunque es parte de la misma historia, es en sí, otra historia que por cierto, abordaremos continuamente en este espacio.

No olvidemos la recomendación musical para el día de hoy: “El clave bien temperado”, composiciones del genio musical Johann Sebastian Bach, que en expresión de su genialidad, explota todas las tonalidades de la escala cromática de la música occidental; obra ampliamente recomendada para relajar la mente y potenciar la concentración (al menos a mí me sirve) https://www.youtube.com/watch?v=hUt4PP_kQW8.

Nos seguimos leyendo, en la expresión de las Voces Cruzadas.

Los salarios detrás de la “EUFEMISMOCRACIA”

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

Uno de los pilares de la democracia es la comunicación entre gobierno y sociedad, que representa el primer eslabón de la cadena de participación ciudadana. En la medida en que el gobierno logre transmitir sus ideas, argumentos y motivos a la ciudadanía, la gestión gubernamental cobra legitimidad y por tanto, el grado de aceptación de los gobiernos, se incrementa.

La crisis social que se va configurando a raíz del “gasolinazo” con que nos recibió el 2017, se debe en buena medida a la deficiencia de comunicación mostrada ya largamente por el gobierno federal, que parece empeñado en la creencia de gobernar una sociedad de hace 30 años y que ha tenido como uno de sus rasgos principales, la insensibilidad política para con la sociedad. Todo esto desde luego, sin soslayar el motivo principal de fondo, es decir, la gran y crecida burbuja de corrupción que ha alimentado y formado parte importante del Sistema Político Mexicano (Cosío Villegas dixit).

Ese quizás torpe modelo de comunicación, parece haber adoptado como vertiente fundamental, el uso indiscriminado del eufemismo -definido por la RAE como una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante- en la discursiva política.

En esa discursiva, el argumento principal es que de no retirarse el subsidio a los combustibles -medida que por cierto apoyo desde hace años dado su carácter regresivo-, podría ponerse en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Y ciertamente podría tener validez, de no ser porque con ese eufemismo, se pretende cubrir entre otros hechos, la ineficiencia del gasto público, el enorme costo de la corrupción y el saqueo a las finanzas públicas por parte de políticos y gobernantes en turno, el mantenimiento de prebendas y beneficios de las élites políticas, el costo de los estímulos fiscales ofrecidos para la atracción de inversión extranjera y la carga fiscal derivada de la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas instaladas en el país.

Atrás de ello se esconde también la decisión de retomar el camino de la austeridad, impulsado ampliamente por la corriente neoliberal, a pesar de los fracasos mostrados en su aplicación en tiempos de recesión y/o crisis, principalmente en países en vías de desarrollo. Y es que las alarmas encendidas por la posible disminución de las calificaciones financieras del país, han llevado al gobierno federal a recortar constantemente el gasto público e incrementar la recaudación en pos de lograr un superávit primario; no obstante el incremento de la recaudación continúa siendo a costa del contribuyente cautivo y no de la disminución de créditos fiscales de los grandes deudores del fisco.

Estas medidas terminan transfiriendo el costo de las malas decisiones financieras de años, al bolsillo de los ciudadanos, principalmente al de la clase media ya bastante golpeada por el fisco. A su vez, se convierten en políticas procíclicas que dada la crisis, eventualmente afectan en mayor manera la dinámica de la ya de por sí estancada economía mexicana, alargando la crisis y afectando desde luego a los sectores más desprotegidos, principalmente al sector laboral ya castigado en suficiencia por otro eufemismo político: de la flexibilidad laboral, potenciado por la reforma de la materia y que representa en el fondo, la facilidad para terminar con las relaciones laborales con el menor costo para los empleadores.

Evidentemente estas medidas que entrampan a la economía nacional, terminan precarizando la situación económica de la mayor parte de las familias mexicanas, a través de la disminución de su poder adquisitivo. Es este punto en donde radica el mayor daño de estos eufemismos políticos, y es que como argumenta Paul Krugman en su libro “Acabad ya con esta crisis”:

Los trabajadores son muy reacios a aceptar recortes explícitos a los salarios; son mucho más reacios a aceptar, digamos, que a final de mes les ingresen en su cuenta una cantidad un cinco por ciento inferior a la que recibían, que a aceptar un ingreso inalterado cuyo poder adquisitivo […] se ve erosionado por la inflación.

Así entonces, lo que vivimos actualmente en el país no es otra cosa más que el mayor ajuste (recorte) a los salarios desde la crisis del 95, que merma la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en una forma sumamente regresiva, promoviendo el incremento de las brechas de desigualdad, pues si bien es cierto, las cifras oficiales de inflación se mantienen en niveles relativamente aceptable, el ciudadano común reciente con mayor fuerza el impacto de estas políticas, sobre su bolsillo; mientras tanto, los pobres mas pobres y los ricos más ricos.

En ello radica el punto medular las medidas tomadas para “mantener la estabilidad de las finanzas públicas”. Ahí se encierra la indignación producida por “EUFEMISMOCRACIA” en que vivimos.

Fiel a la costumbre, me despido con la recomendación musical: Even So, de autoría de uno de los maestros del jazz nacional, Enrique Nery. Sencillamente encantadora. https://www.youtube.com/watch?v=0z8GiOS1kSk

De Autos, Combustibles y Políticas Públicas

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

Me confieso como una de las personas que usan poco el transporte público, aun y cuando viajo en él en promedio tres o cuatro veces a la semana; una de esas personas que viven sobre el tiempo y que procuran moverse de un espacio a otro de la forma más sencilla: en el vehículo particular.

¿Qué tiene ello de relevante? Si se analiza aisladamente nada, pero si se contempla el gran sector de la sociedad con los mismos hábitos de traslado, vaya que cobra relevancia.

Desde el inicio del milenio, la industria automotriz ha sido una de las que mayor impulso ha recibido por parte del gobierno federal. Hoy México ocupa posición en el Top 10 de los países con mayor producción; es el primero en América Latina y el segundo mayor exportador global. Se ha generado excelente mano de obra calificada y de bajo costo para la industria, que ha repercutido en la instalación de plantas ensambladoras de marcas Premium como BMW (mi sueño), marcas “medias” de excelente calidad como Mazda, Honda y Toyota (mis favoritas) y marcas populares como Nissan, Ford, Volkswagen, Chrysler, General Motors, entre otras, que solo para 2015 fabricaron arriba de 3.5 millones de unidades, 80% de ellas destinadas a la exportación.

Aparejada con esta gran producción, el Gobierno Federal ha impulsado políticas para facilitar el acceso al crédito como herramienta para promover el consumo de productos automotrices. Hoy vemos circular muchísimos más vehículos que en el milenio pasado, conducidos en buena proporción por personas de estratos sociales para los que en aquella época, hubiera sido impensable poseerlos. Sin duda todas ellas, políticas que han ayudado a hacer de la industria automotriz, uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana.

En apariencia nada reprochable; sin embargo, el impulso a políticas que favorecen el uso del transporte privado, deberían ir acompañadas de inversiones importantes para la generación de infraestructura carretera y urbana adecuada para su circulación, así como de una cultura vial adecuada, fortalecimiento del transporte público y el fomento a mecanismos para garantizar la sustentabilidad de las ciudades, cosas que evidentemente no han sucedido, al menos con la intensidad necesaria.

Lo que sí ha sucedido, es que se ha creado una sociedad consumista -y en buena proporción dependiente- del producto automotriz y por consecuencia, una sociedad altamente consumidora  del insumo fundamental para su puesta en marcha: los combustibles.

Al amparo de todo ello, se entiende la jugosa caja de recaudación que la venta de combustibles -a través del aún “monopolio estatal” PEMEX- representa para el Gobierno Federal; y también a partir de ello y en función de la ley de oferta y la demanda, se entiende la enorme elasticidad de que gozan para incrementar su precio sin sufrir grandes impactos en su demanda. En palabras comunes, en ello radica el hecho de que a pesar del sustancial crecimiento de los precios de los combustibles en este milenio, el mexicano siga consumiéndolo sin recato alguno, aportando una gran cantidad de recurso a las arcas públicas, pero a su vez, contribuyendo a la degradación del medio ambiente y al impacto en la salud de la ciudadanía en general.

Y es que, en palabras del Senador del PAN, Francisco Búrquez, tan solo el más reciente “gasolinazo” representará para el Gobierno Federal, la recaudación de 300 mil millones de pesos extra, cifra nada despreciable si se considera la histórica baja recaudación impositiva en nuestro país, pero que con una visión prospectiva, resulta a todas luces insuficiente para contrarrestar el alto costo que a futuro tendrá en la atención en salud y la regeneración de infraestructura y el medio ambiente.

Lastimosamente, aunque pragmáticamente inteligente, la estrategia sigue siendo la misma: cargar la mano al consumidor-contribuyente cautivo, sin solucionar la problemática de recaudación de fondo, sin dar solución a la escasa capacidad institucional para hacer que paguen más quienes más tienen. Sin embargo, a diferencia de la recaudación por concepto de otros impuestos, esto tiene una parcial solución en mano del consumidor: sencillamente dejar de consumir el combustible; dejar de usar el transporte privado.

La parcial solución no está en protestar por el alza a los precios de los combustibles, que valga decir, han mitigado el enorme vació fiscal provocado por la disminución de los precios internacionales del “crudo”; tampoco estaría en limitar el crecimiento de la industria automotriz, menos aún en su etapa de auge; la solución parcial está en protestar y obligar a los gobiernos, a fomentar la verdadera mejora en los sistemas de transporte público, para que resulte atractivo y beneficioso en economía y calidad para el ciudadano promedio; un sistema de transporte que deje de priorizar los intereses de los concesionarios constituidos en mafias, y ponga en el centro al interés público; un sistema de transporte sustentable, amigable con el medio ambiente y debidamente integrado de acuerdo a las necesidades de las ciudades y a su planeación urbana y territorial; un sistema que por consecuencia, disminuya el alto grado de consumo de combustibles y obligue al Gobierno Federal a replantear las políticas públicas en materia fiscal, de desarrollo urbano y de impulso a la industria.

Reflexiones personales, banas pero no tan banas.

Como recomendación musical para el día de hoy, una adaptación del clásico al jazz, a cargo del gran genio musical de Miles Davis. El Concierto de Aranjuez, de su obra Sketches of Spain. Grandiosa. (https://www.youtube.com/watch?v=tSGUPsAeL34)

¿Cuánta pobreza está dispuesta a soportar México?

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

Retomo esta pregunta planteada por José Woldenberg en una reciente conferencia que ofreció en nuestro Estado. Lo planteaba en el sentido de entender en qué momento se pudiera dar un cambio radical en el ámbito democrático de nuestra nación, y viene a colación, dado el contexto de crisis social y política que en ella permea.

Parece ser que el único “sector social” que no está dispuesto a reconocer esta crisis, es el de los gobernantes, que aparentemente instalados en una realidad alterna, se niegan a dar fe de los hechos y por ende erran en el diagnóstico de los problemas públicos y en consecuencia, en la propuesta de soluciones: las políticas públicas.

Ese mismo entorno social y político, es evidencia clara del escaso nivel de ciudadanía del mexicano, dada la apatía ya no solo por conocer sus derechos, sino por ejercerlos y más allá, luchar por ellos. En este sentido, el ciudadano erra también en el diagnóstico de los efectos de su ausencia en el ejercicio político y en consecuencia frecuentemente erra en la apatía e incluso rechazo hacia los movimientos sociales que se mantienen luchando dadas determinadas coyunturas políticas; por citar algunos, el #YoSoy132, la CNTE, en su momento el SME, el mismo EZLN, entre otros.

Es cierto que estos movimientos tienen características importantes de radicalismo, pero también es cierto que en su naturaleza propia de lucha antisistémica, no se pueden entender y/o concebir de una manera distinta; quién trata de pintarlos de otra forma, miente o usa la demagogia como herramienta para orientar la opinión pública.

Es cierto que sus medidas de presión política causan complicaciones y en ocasiones, daños al entorno cotidiano social: sus bloqueos, manifestaciones y confrontaciones entre otras; es cierto que con ello dan origen a buena parte del rechazo social; es cierto que detrás de su lucha por el bien común (v.gr. la defensa de la educación pública en el caso de la CNTE) se esconden intereses particulares (v.gr. la defensa de los derechos laborales de sus agremiados y de los grandes privilegios y prebendas económicas y políticas de la CNTE), es cierto que en la misma coyuntura, grupos políticos se adhieren o se apropian de la lucha, en la mayoría de los casos, restando aún más, algún grado de legitimidad (v.gr. AMLO y la CNTE).

Todo ello es cierto, pero también lo es, que ante el agravio continuo que la incorrecta implementación de políticas públicas, ha traído para una importante porción de la población mexicana, este tipo de movimientos representa un viso de esperanza para promover un eventual cambio que mitigue los efectos de la creciente concentración de la riqueza y la marginación de los sectores más vulnerables, provocados por la cada vez mayor corrupción que impera en la gestión pública y la apropiación de los bienes públicos por parte de los privados, dado el modelo económico al que como dijera en una ocasión Paul Krugman, pareciera no permitírsele cuestionamientos, pues admitirlos implicaría de facto reconocer sus falencias.

No soy partidario de estos movimientos radicales, pero reconozco en ellos la importancia de la lucha y resistencia social ante lo que es percibido como agravios del sistema; más aún, reconozco en ellos la importancia de convertirse en un factor coyuntural de cohesión social para despertar a la sociedad del letargo democrático en que se encuentra y de su apatía por el bienestar común y su abrazo incuestionable al individualismo.

¿Cuánta injusticia seguirá soportando México? ¿Cuánta pobreza y desigualdad? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánto enriquecimiento ilícito de gobernantes? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta aplicación selectiva de la Ley, que permita juzgar con distintos parámetros al líder de la CNTE y por ejemplo al del Sindicato Petrolero? ¿Cuánto tienen que caer las finanzas públicas para que se genera la voluntad política y ciudadana para promover el cambio?

¿Podría ello desencadenar una revolución o guerra civil? Sinceramente espero que no , pero no dejo de reconocer que de seguir ejerciendo una gestión pública inercial, tarde o temprano será inevitable. Sin embargo, antes de ello, apelo a un ejercicio de cohesión social no solo con estos movimientos radicales, sino con la ciudadanía en general, que más allá de luchar por el bien particular, deberá entender la importancia de crear un entorno social que promueva el verdadero bienestar para su desarrollo; un entorno de coparticipación, en el que el pastel deje de repartirse en rebanadas enormes para los poderos y migajas para los desprotegidos; un entorno en el que gobierno y sociedad ejerzan de manera conjunta el poder público; un entorno en el que se ejerza una verdadera democracia y haya una sociedad con ideología.

Cito a Barack Obama: “No hay soluciones sencillas; no hay atajos. Tenemos que educar mejor y eso requiere tiempo; tenemos que hacer más dinámico el sector manufacturero, eso lleva tiempo; tenemos que crear un sistema tributario justo; tenemos que aumentar el salario mínimo; tenemos que reestructurar y reformar el sector financiero para evitar que destruyan el sistema, dejando sin empleo a miles de personas.

Son tantos los pendientes, que esperemos se atiendan antes de que México llegue al límite del grado de pobreza que puede soportar.

La recomendación musical del día de hoy, corre a cargo nuevamente del grandioso Al Di Meola, con la interpretación de Señor Mouse, escrita por Chick Corea y grabada en su paso conjunto por la genial agrupación “Return to Forever”. Que la disfruten. (https://www.youtube.com/watch?v=5P25itL5ZfE)

Pasaron las elecciones. ¿Qué nos falta?

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

Del proceso electoral que alcanzara su clímax en la jornada del pasado domingo, mucho se puede decir y a cada especialista corresponderá su análisis a consciencia. El objetivo de este “profano” no es analizar con rigor científico ninguna de sus perspectivas; es más bien expresar una serie de reflexiones acerca de lo que como ciudadano percibo como origen el problema y a su vez, áreas de oportunidad para el cambio.

  1. No cabe duda que el grado de perversión (tanto perverso como pervertido) que ha alcanzado nuestro sistema político, está llevando al límite la elasticidad de la tolerancia ciudadana. Es un sistema que más allá de no sumar, resta en el desarrollo de la política en sí y en su interacción con la sociedad. Con ello se percibe una creciente polarización, que eventualmente repercute en conflictos sociales tanto como en la disminución de la cohesión social. Circulo vicioso y pernicioso.
  2. Ante la perversión del sistema, se presenta una luz de esperanza al observar que bajo ciertas circunstancias y en ciertas regiones del país, la sociedad puede manifestar su hartazgo a través del voto de castigo (amén del partido que gobierne), generando con ello una alternancia en los gobiernos, que dirán(o diremos) algunos “conspiranóicos”, bien puede ser negociada y que en el fondo, representa quizás solo una alternancia oligárquica, recordándonos constantemente la “Ley de Hierro de la Oligarquía”, de Robert Michels. No obstante, esperanza al fin.
  3. Hay muchos que aun confían en un eventual cambio en el sistema, promovido por la vía institucional, es decir, desde dentro o en la periferias del sistema en sí; en tanto otros debido a la experiencia propia, no lo perciben más que en una manifestación antisistémica, tal es el caso de aquellos que fieles al ideario de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que entre otras cosas, deciden no votar para no formar parte de la farsa democrática que el ejercicio electoral, desde su perspectiva representa, siendo quizás los únicos que a pesar del radicalismo, son capaces de hace latente su inconformidad.

En cierto sentido ambas alternativas han mostrado sus falencias, ya que por un lado, el primer grupo no ha logrado el arraigo y arrastre necesario para generar alternativas o llevar al poder a quien dentro del putrefacto sistema sea concebido como una alternativa de cambio viable; en tanto el segundo grupo con su ausencia, fomenta de facto la permanencia en el poder de aquellos partidos con mayor infraestructura y capacidad de movilización del voto duro. Lo cierto es que difícilmente una dictadura (formal o informal) puede abatirse de no ser a través del uso de las armas, pero ¿tiene México la capacidad de soportar una guerra civil? Paradoja Mayúscula.

  1. En tanto no se construya ciudadanía de alta intensidad (aquella que conoce y ejerce sus derechos), ni se intensifique la participación de la sociedad civil organizada, pocos cambios se podrán lograr, debido a que ante su ausencia, se cede completamente el ejercicio del poder a las corruptas cúpulas enquistadas en las entrañas del sistema político, que sin vigilancia ciudadana, han demostrado velar exclusivamente por intereses particulares, que no por el bienestar público. Todo sistema democrático medianamente exitoso, lo es por el involucramiento intenso de su sociedad civil. Lamentable Ausencia.
  2. Ante esta ausencia de participación civil en el ejercicio de la política y principalmente de un grupo tan importante como los denominados “Milenials”, van ganando terreno las “juventudes partidistas” que en muchos casos, herederas de la pervertida concepción del ejercicio del poder, representan un potencial peligro para la sociedad en el futuro próximo. Son ellos quienes quizás nos gobiernen en los próximos años, con todo y el desaliento y preocupación que provoca su visión frívola de la política y el egocentrismo que les caracteriza, asumiéndose en gran parte como grandes intelectuales de la teoría política y por tanto, como potenciales redentores de la nación. Un movimiento así, aun con las mejores intenciones, necesita un contrapeso civil. Batalla Urgente.

En esta corta visión del que hoy escribe, se entiende la inconformidad siempre visible ante los resultados electorales en nuestro país. No importa quién gane, no importa quien pierda; la fragilidad actual del sistema político y su entramado institucional, provocará incertidumbre al final de sus procesos; el perdedor manifestará siempre su inconformidad ante los resultados, el proceso carecerá de legitimidad y el vencedor, ciertamente llegará sea como sea, en una posición de legitimidad política endeble y con poca representatividad (dado el amplio abstencionismo), en tanto las instituciones pierden y pierden credibilidad y la sociedad se aísla y se muestra cada vez más apática ante la obligación que debería tener de hacer política.

Ahí la tarea para comenzar un cambio, porque contrario a lo que un gran sector manifiesta, considero que el cambio no está “en uno mismo”, el cambio está en la colectividad, pues el ser humano es por naturaleza un ente de sociedad, un ente colectivo que necesita encontrar un ecosistema de bienestar social para aspirar a su desarrollo.

Muy a pesar de todo, aún hay esperanza. La tarea no es de gobernantes y partidos políticos; la tarea es de México.

Para cerrar, la recomendación musical, nuevamente en las virtuosas manos del grandioso Al Di Meola. Midnigth Tango, con la fusión de jazz y ritmos mediterráneos que caracterizan la estupenda creatividad del genial guitarrista. (https://www.youtube.com/watch?v=u5rx1vomQSM)

PANAMA PAPERS; ¿CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA?

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

Más de un centenar de políticos en más de 50 ciudades; jefes de estado, sus socios más cercanos, ministros y altos cargos de gobiernos y empresas; conectados a empresas “offshore” en 21 paraísos fiscales.

¿Algo nuevo? Del hecho no; incluso pudiera decirse que es uno de los más grandes secretos a voces. Lo relevante es que en los “Panama Papers” “más de 300 periodistas integrados, han rastreado millones de archivos filtrados… para denunciar una alarmante lista de clientes involucrados en sobornos, tráfico de armamento, evasión de impuestos, fraude financiero y narcotráfico”.

Por primera vez en la historia, sacan a la luz pública posible evidencia de la forma en que se esconden miles de millones de dólares, para evitar el gravamen por parte del fisco, amén de nación en que se originen, convirtiéndose quizás en la investigación periodística más importante desde el escándalo de la pederastia en Boston, inmortalizado ya en la película ganadora del Óscar “Spotligth”.

En un mundo en donde la concentración de la riqueza avanza y el 1% más rico es cada vez más rico, ¿tiene esto alguna relevancia?

Resulta que la utilización de paraísos fiscales representa para las empresas, el beneficio de pagar cantidades significativamente menores por concepto de impuestos a costa de la evasión (de facto) de impuestos en los países en que originalmente debieran tributar. Se realiza  a través de empresas offshore, aquellas registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica, pero en donde por asentar su domicilio fiscal, gozan de las ventajas que estos paraísos fiscales ofrecen.

Esto impacta en una disminución de la recaudación impositiva en las naciones en donde estas empresas realmente producen y de donde obtienen parcial o totalmente sus recursos de producción. En consecuencia, una baja recaudación invariablemente terminará afectando al Estado en su papel de satisfactor de necesidades sociales, debido a que el gasto público  para cubrir necesidades de salud, educación, vivienda y seguridad, entre otras, se verá reducido en la proporción en que estas empresas eludan el pago de impuestos que les corresponden.

Adicionalmente, la no atención adecuada de este tipo de necesidades, tendrá un efecto económico en cadena que puede extenderse por generaciones. Como ejemplo podemos hablar de un hipotético caso de una epidemia no atendida y cuyos costos de atención y control pueden llegar a crecer sin medida. El impacto financiero y consecuentemente social, no es menor.

Aun así, al amparo de leyes para el secreto bancario y la nula cooperación de los paraísos fiscales para intercambiar con otras naciones, la información referente a los impuestos, su uso se convierte en una estrategia sumamente redituable para la acumulación de la riqueza y por consecuencia para el empobrecimiento de los ya pobres y el incremento de la carga fiscal sobre la clase media y los contribuyentes cautivos. No muy lejos, para el empobrecimiento de las naciones.

En tiempos de crisis económica y en un país (me refiero a México) en el que se tratan de encontrar formas para disminuir el déficit financiero-fiscal provocado por la baja de precio de los hidrocarburos, el gobierno debería de encender los focos rojos e impulsar acciones para sancionar ejemplarmente a aquellos empresarios que a través del uso de paraísos fiscales logran evadir impuestos. Pero en respuesta encontramos silencio y posiciones débiles por parte de la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal.

Ante ello, surgen diversas preguntas:

  • ¿Cuál es el impacto financiero de la evasión fiscal bajo esta modalidad en nuestro país? ¿se ha estimado?
  • A la sazón de la preocupante crisis de seguridad nacional y pública, ¿Cómo y en qué medida se vinculan estas “estrategias fiscales” con el lavado de dinero así como con la inserción de recursos en actividades ilegales como el narcotráfico, la trata de blancas, e incluso el financiamiento de levantamientos armados?
  • ¿Será esta, una de las formas en que logran “blanquearse” los millones de pesos o dólares que las empresas pagan a funcionarios públicos y políticos en actividades de corrupción, tales como la asignación de obras y adquisiciones de gobierno y la contraprestación de “diezmos”?
  • ¿Qué impacto político y público tiene el hecho de que uno de los constructores “consentidos” del gobierno federal y uno de los más grandes empresarios del país estén involucrados en este tipo de actividades?
  • ¿Qué posición final tomará el SAT ante esta situación? ¿Lo dejará pasar por alto, a costa del descredito que tendría con el grueso de contribuyentes?
  • ¿Recordarán el caso de Silvestar en Panamá, como offshore a través de la que Salinas Pliego y Raúl Salinas de Gortari financiaron la compra de TV Azteca en 1993?
  • ¿Qué medidas ha tomado la Secretaría de Hacienda para garantizar que este tipo de estrategias no sean usadas por las empresas mineras y principalmente las petroleras, que con el gran proyecto del sexenio (la reforma energética) deberían pagar impuestos significativos por concepto de “adquisiciones de reservas” y con posterioridad accederán gradualmente a ingresos enormemente significativos?
  • Y la más importante, ¿En qué papel queda la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, implacable con algunos contribuyentes pero enormemente omisa con los realmente poderosos?

Y es que en México, puedes disfrazar o esconder los altos ingresos de los deportistas (y toda la red de promotores a su alrededor); puedes esconder ingresos derivados de la malversación de fondos por partes de servidores públicos y otras acciones ilegales o corruptas; puedes esconder los altos ingresos de una compañía extractora; pero tal parece que lo que no puedes hacer, es afectar los intereses de la elite no solo nacional, sino internacional, ni afectar su dinámica económica meramente extractiva y lacerante para la nación.

La historia recién comienza; el telón recién se abre; los intereses en juego son muchos; el poder en juego, es quizás el más grande de la historia. Ojalá no quede en el olvido porque “Hasta que no se obligue a este tenebroso mundo a rendir cuentas, la delincuencia internacional continuará con sus negocios, evitará pagar impuestos y las bombas seguirán cayendo”; y sí, los ricos más ricos y los pobres más pobres.

Para olvidar el trago amargo, disfrutemos Libertango (#RecomendacionMusical), en una interpretación del que es quizás el guitarrista más influyente del Jazz-Fusión: Al Di Meola. (https://www.youtube.com/watch?v=CHJS3IJUR5E).

La Obligación Que Sigue Ausente

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

La campaña electoral del ahora Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se caracterizó por la firma de “compromisos presidenciales” bajo el slogan de “te lo firmo y te lo cumplo”, que con probados resultados en su camino hacia la gubernatura del Estado de México, fue adoptada en la estrategia priista del 2012.

Se firmaron ante notario (como supuesto refrendo y obligación de cumplimiento) 266 compromisos, que en la lista serían encabezados por el No. 1 “Crear la Comisión Nacional Anticorrupción”, a la inteligencia de que sería una propuesta que hasta el ciudadano menos informado, vería con buenos ojos, debido a que la corrupción como mal endémico del pueblo mexicano afecta a todos los ciudadanos en mayor o menor medida.

Con este antecedente se han materializado diversos esfuerzos por impulsar (¿?) en la agenda pública el tema de la “anticorrupción”, que iniciaran el 15 de noviembre de 2012 (dos semanas antes de que EPN asumiera la Presidencia),  con la presentación presentaron ante el Senado, por parte de la bancada del PRI-PVEM, de la Iniciativa para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Así, el camino hasta la actualidad, aunque escabroso ha sido aparentemente persistente y su mayor logro (cuando menos así se presume) es la “Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción”, publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, que sin embargo, en opinión de expertos del tema, ha sido insuficiente para garantizar el funcionamiento de un adecuado Sistema Nacional Anticorrupción.

A la sazón y presión de organizaciones como la “Red por la Rendición de Cuentas” e instituciones educativas como el Centro de la Investigación y Docencia Económicas, cuyas observaciones a los malos planteamientos de las reformas, han sido claras y persistentes, el presente mes, los grupos parlamentarios del PRD , así como del PRI-PVEM, han presentado ante el Senado de la República, nuevas iniciativas que pueden mejorar la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, y que se estima que al menos de manera parcial solventarían las demandas de la sociedad civil en su lucha por consolidar la lucha contra la corrupción.

El proceso ha contado con un seguimiento detallado por parte de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de evitar que como nos es costumbre en México, los productos de estas reformas, vean entorpecida su consolidación, por deficiencias (muchas veces provocadas a propósito) en su diseño y conceptualización.

En este sentido, en opiniones de expertos, el Sistema Nacional Anticorrupción deberá cuando menos:

  • Garantizar la autonomía del “órgano anticorrupción”, de tal modo que sus “órganos internos de control no sean nombrados por las mismas instituciones que deberán fiscalizar.
  • Asegurar la existencia de un Servicio Profesional de Carrera que a la vez, fortalezca la autonomía e independencia de los órganos de control y garantice el desarrollo y desempeño profesional de sus integrantes.
  • Dotar al “órgano anticorrupción” de facultades plenas para que sus recomendaciones tengan efectos vinculatorios que puedan dar lugar incluso a un juicio político.
  • Garantizar la vinculación de las leyes anticorrupción con las de ejercicio del gasto, contratación de obras y servicios, responsabilidades administrativas, penales y de coordinación entre órganos de control, auditoría, transparencia, evaluación y sanción.
  • Tener vinculación y correspondencia con los ordenamientos jurídicos de la materia en las distintas entidades federativas, de tal manera que queden armonizados los sistemas anticorrupción estatales y municipales; lo que denominan Consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Bajo el contexto de la realidad social actual, el tema del combate a la corrupción se vuelve ineludible para un gobierno que decidió incluirlo como pilar fundamental de su plataforma electoral; además cobra relevancia tras los visos y tufos de corrupción que en sus funciones se han presentado, tales como el sonado caso de “la Casa Blanca de EPN”, “la Casa de Malinalco de Videgaray”, la difusión de presuntos hechos de corrupción entre la empresas OHL y diversas instancias y personalidades del Gobierno Federal, tan solo por mencionar algunos.

Cobra trascendencia también a la luz del enorme sacrificio económico al que es sometido el pueblo mexicano por la crisis económica actual y que a todas luces afecta en mayor medida a los grupos sociales más vulnerables, en tanto el derroche de recursos en actividades burocráticas, gastos en publicidad gubernamental y campañas electorales, no tiene mermas y resulta cada vez más costoso para el erario público.

Por todo ello, la lucha contra la corrupción y la instauración y correcta aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, es UNA OBLIGACIÓN QUE SIGUE AUSENTE, y que aunque su ausencia se da por la poca voluntad y/o mucha conveniencia de las esferas políticas, requiere hoy más que nunca, del continuo y profundo involucramiento de todos los grupos sociales; requiere por ello, la formación y ejercicio de una verdadera ciudadanía.

Para ser fiel a la tradición de las recomendaciones musicales, disfrutemos hoy de la pieza maestra del grandioso Django Reinhardt, padre y una de las mayores influencias de la guitarra l jazz: Minor Swing, que evoca sus raíces gitanas y nos brinda un breve gesto de su apoteosis musical. (https://www.youtube.com/watch?v=VpmOTGungnA)

Lo que espero de la visita de Francisco I

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

Para el gusto de millones de ciudadanos mexicanos que profesan el credo católico, Jorge Mario Bergoglio “Francisco I”, visita nuestro país en próximos días, levantando entre sus feligreses e incluso entre sus detractores, diversas expectativas.

Dado el historial de los anteriores pontífices y la ostensible diferencia en cuanto a la forma de ver la religión, por su pertenencia la “Compañía de Jesús”, nos hace pensar y especular acerca del posicionamiento político que fijará en cuanto a la situación caótica y crisis social y moral que se vive en nuestra nación, ya que quiérase o no, su estampa de Jefe de Estado así como la de monarca de la religión predominante en México, dota a su discurso y comportamiento de elementos claves de impacto político. ¿Es acaso por ello,  la visita más incómoda para los gobernantes, de un Papa a nuestro país?

Es evidente que en su carácter de Jefe de Estado y ya que su visita se da en tal marco, su posición, si bien puede ser crítica, deberá tener cierta mesura. Quizás nuestros gobernantes no previeron que durante su estancia se presentara un escenario político y social tan delicado y tan susceptible a la crítica políticamente hablando, y bien de ahí puede provenir el enorme nerviosismo que en el entorno político se percibe.

Ante ello, el mismo Bergoglio ha dado ya muestras de hacía donde puede orientarse su discursiva, generando declaraciones como las siguientes:

 “El México de la violencia, el México de la corrupción, el México del tráfico de drogas, el México de los cárteles, no es el México que quiere la Virgen de Guadalupe, la patrona del país.

“Violencia, corrupción, guerra, niños que no pueden ir a la escuela por sus países en guerra, tráfico, fabricantes de armas que venden armas para que las guerras en el mundo puedan seguir. Más o menos este es el clima que vivimos en el mundo. Ustedes están viviendo su pedacito de guerra, su pedacito de guerra entre comillas, su pedacito de sufrimiento, de violencia, de tráfico organizado”. (apro)

A propósito de ello, vale la pena hacer un recuento de las ciudades que visitará, los principales problemas sociopolíticos que en ellas se presentan y el consecuente posicionamiento que desde mi muy personalísima perspectiva, esperaría de su parte.

Ciudad de México, considerada como la ciudad más “progresista” del país y un evidente bastión político de la izquierda mexicana.

¿Qué espero? Evidentemente no un posicionamiento a favor del aborto y el matrimonio entre personas del mismo género; incluso puede esperarse un posicionamiento en contra. Lo que si espero, es que dicho posicionamiento, se de en su caso, en un marco de absoluto respeto al Estado Laico y a la soberanía de nuestra nación, todo esto desde luego en lo que al protocolo de su visita como Jefe de Estado, se refiere. Esperaría además cierto respaldo hacía la política de izquierda y un llamado a retomar el rumbo, dada la comunión su “orden” con la “Teología de la Liberación” y su creencia en el carácter social de la prédica de Jesucristo.

Ecatepec, perteneciente a uno de los estados con mayor crecimiento en el número de feminicidios y considerada por muchos mexicanos como el estandarte de la corrupción del Sistema Político Mexicano, aquel del “un político pobre es un pobre político.

¿Qué espero? Un posicionamiento concreto en contra de la corrupción tan arraigada en el mexicano; ese problema endémico que como diría Mauricio Merino, no es parte del Sistema Político Mexicano, sino que es el Sistema en sí. Además, una condena absoluta al asesinato de mujeres, dada la trascendencia de su papel para la reforma católica impulsada desde el Concilio Vaticano II.

Chiapas, emblema de la riqueza natural de la nación y de la segregación y discriminación contra los indígenas y los pobres.

¿Qué espero? Evidentemente un llamado a la modificación de la política de trato a estos grupos vulnerables; un llamado a retomar desde los gobiernos, el respeto a sus derechos humanos. Además un respaldo al legado de Samuel Ruiz, el Obispo de los Indígenas” y su impulso a la Teología de la Liberación, con la consecuente condena a la forma en que se ha marginado del desarrollo a los indignes y se “satanizado” el movimiento zapatista y otros movimientos derivados de la gran desigualdad social. Asimismo, un llamado firme al cuidado del medio ambiente y la riqueza natural, respaldado en su encíclica “Laudato Si”.

Morelia, otrora tierra de la verdadera izquierda mexicana, cuna del General Cárdenas y su ideario socialista, así como integrante de un estado protagonista del movimiento Cristero. Hoy “Tierra de Cárteles”.

¿Qué espero? Una condena tajante contra la política de la falsa izquierda, esa que por intereses vanos ha encumbrado una plutocracia izquierdista (si se me permite el término), alejándose de los intereses del ciudadano, y que ha producido en consecuencia, uno de los estados con mayor violencia en el país y triste emblema del narcotráfico de la región. Condena sin miramientos, a la narco violencia y a la violencia del Estado (¿acaso coludidas?) y su evidente relación con ciertos sectores de la iglesia católica.

Ciudad Juárez, vinculo de la migración y ciudad tristemente representativa de la violencia de género contra la mujer.

¿Qué espero? Un enorme respaldo al digno papel de los migrantes que día a día arriesgan su vida para cruzar la frontera hacía un país en donde prolifera el racismo y el fascismo manifestado en la campaña política de Donald Thrump. Huelga repetir además, el necesario posicionamiento en contra de la violencia hacia la mujer y un llamado para que su iglesia, trabaje en favor de su protección.

Finalmente, en general  y desde cualquier espacio esperaría una condena sin miramientos, hacia el problema de la pederastia clerical, el oscuro legado de Marcial Maciel y su encubrimiento por parte de otros pontífices; hacia las relaciones de la iglesia católica (desde sus cúpulas) con el narco; hacia la injerencia de su iglesia en el poder de la política corrupta; y hacia el débil papel que han desempeñado en contra de la crisis social y  de inseguridad de nuestro país, aun siendo por naturaleza, el mayor semillero de conciencia moral de México.

Quizás sea mucho pedir, pero dados los antecedentes y la coyuntura política, parece propicio que un Papa como Francisco I, con su legitimidad y fundamento teológico, pueda impactar de manera positiva en el oscuro panorama de nuestro México, rompiendo el paradigma hasta hoy conocido de la relación papal, pues sus palabras, le duela a quien le duela, PESAN.

Para no desentonar con la temática, la recomendación musical de hoy es una breve pieza de música sacra. “Ave Verum Corpus”, obra del gran Wolfang Amadeus Mozart. https://www.youtube.com/watch?v=5gcWW7J1VyU

LA DESIGUALDAD Y LAS FORTUNAS HEREDADAS; LO PÚBLICO SE VUELVE PRIVADO

El trabajo del economista “en voga” Thomas Piketty (su libro “El Capital en el Siglo XXI”) nos proporciona cifras y datos reveladores de la acumulación de riqueza en el siglo XX. Su tesis central afirma que existe una fuerza que hace que el capital acumulado crezca a una velocidad mayor que la renta y los salarios, logrando con ello un efecto doble: 1) las rentas del capital devoran progresivamente las rentas del trabajo, y 2) la riqueza se concentra gradualmente en menos manos, a medida que se transmite de generación en generación, es decir, se hereda. ¿El resultado?: mayor y creciente desigualdad. Citando a Piketty: “El empresario inevitablemente tiende a convertirse en un rentista, cada vez más dominante sobre aquellos que no poseen nada, excepto su trabajo”.

No son ideas nuevas, pero reafirman de buena manera y con disposición de datos (de los que en pasado se carecía), lo que desde 1867 en “El Capital” describió y vaticinó, Karl Marx. ¿Será por eso que el libro causa tanto escozor en los partidarios principalmente del neoliberalismo?

No es en vano que “El Capital en el Siglo XXI” de Piketty se constituya ahora como un elemento teórico tendiente a restituir la ideología de la política económica de izquierda y por qué no, del socialismo. Es sencillo, “cuando la tasa de retorno del capital es superior a la tasa de crecimiento de la economía, la lógica dicta que la riqueza heredada crece más que el PIB y el ingreso de las personas”, y por tanto, generación tras generación, los ricos tienen la posibilidad de ser más ricos (siempre y cuando mantengan sus inversiones en el umbral de rentabilidad superior al crecimiento de la economía), mientras que aquellos que solo poseen como “capital” su fuerza de trabajo, pueden verse condenados al estancamiento, la precariedad y en algunos casos, a una analogía encarnada de cuasi-esclavismo.

Pero para tratar de entenderlo, ¿cómo es que el capitalismo puede llevar a tal situación de concentración de riquezas y la consecuente y creciente desigualdad?

Son diversas las formas, pero me concentraré en solo dos de ellas, que concatenadas parecen alimentar el “destino manifiesto” del “Club de los Elegidos” y el símil (en versión desafortunada) de “Los Perdedores de Siempre” (parafraseando el título de una de mis columnas anteriores en #VocesCruzadas).

La primera es la lógica natural ya mencionada arriba y argumentada por Piketty; es decir, la dinámica a través de la cual el rendimiento de capital excede a la tasa de crecimiento de la economía y que por tanto, implica el crecimiento del capital en mayor proporción al nivel de vida del trabajador común, propiciando por consecuencia la posibilidad de reinversión por parte de los capitalistas, en tanto el trabajador común en muchos casos, sobrevive sin poder destinar una proporción de sus ingresos al ahorro o la inversión. ¿El resultado?: Concentración.

La segunda forma tiene implícito un mal que aqueja a la política en general pero en particular a la que impera en el Estado Mexicano: La Corrupción; y no solo eso, sino que conlleva a un escenario aún más preocupante: La privatización de la riqueza pública.

Esta transformación de la riqueza pública en privada se da a través de la extracción de rentas mediante diversos mecanismos y apropiación de espacios de decisión que debieran guardar un carácter de públicos, pero que se encuentran cada vez en mayor proporción, al servicio de los privados:

  1. La apropiación de recursos naturales, materias primas básicas u otros productos en esencia son propiedad de la nación, sin que exista una contraprestación adecuada y provechosa para el Estado siempre escudados en el argumento de fomentar la inversión privada. ¿Ejemplos? Las grandes compañías de telecomunicaciones y la reciente reforma energética con resultados aún por conocer.
  2. El diseño institucional (marco jurídico, programático e institucional) del Estado en favor de los intereses privados, o más aún, su configuración diseñada y aplicada por aperadores al servicio (voluntario o coercitivo) de los intereses de los grandes capitalistas. ¿Ejemplos? El “Lobbing” ilegal en los espacios de representación popular y en las dependencias gubernamentales, así como el “Lobbing” legal pero ilegítimo, como las telebancadas.
  3. El denominado por Denisse Dresser “Capitalismo de Cuates”, que transfiere los activos “productivos” del Estado a la propiedad privada, pero a precios irrisorios e incluso financiadas descaradamente con público. ¿Ejemplos? Las privatizaciones de TELMEX e IMEVISIÓN (ahora TV Azteca).
  4. Los amañados “concursos públicos”, que transfieren el recurso público a manos privadas, mediante la asignación de licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas, para adquirir bienes destinados al servicio público, pero con costos exorbitantes (pocas veces o jamás auditados) para disfrazar el pago de “diezmos”, que en muchos casos llegan hasta el 30%. ¿Ejemplos? Podemos consultar la reciente investigación de PROCESO al Servicio de Salud en el Gobierno de César Duarte en Chihuahua (http://www.proceso.com.mx/?p=391652).
  5. La asignación de espacios burocráticos (aún con la existencia de un Servicio Profesional de Carrera) por motivos de compromisos político-económicos, desplazando a servidores públicos con experiencia y carrera, y propiciando la reducción de espacios disponibles para el trabajador común que carece de relaciones de influencia para acceder a los puesto públicos. ¿Ejemplos? En todos los gobiernos, sin distinción de partidos e ideologías.

Son estos, solo una muestra de los diversos mecanismos que fomentan la concentración de la riqueza “transgeneracional” sin contrapesos adecuados que combatan la desigualdad, y que por el contrario enriquecen a generaciones futuras que desafortunadamente agregan un ingrediente adicional a sus múltiples “cualidades”: la visceralidad en su actuar, que nos permite ver a los “ricos por herencia” cada vez más prepotentes e insensibles con el infortunio de los demás, con las posibles y desafortunadas consecuencias que su ascenso a espacios de poder, pudieran tener.

Me despido esperando sembrar la duda en el amable lector, que le permita posteriormente abrir los ojos de la conciencia a un problema enorme que aqueja a la sociedad mexicana: La transformación del espacio público en propiedad privada, tema que abordaré en posteriores trabajos.

No omito dejar a ustedes una estupenda recomendación musical, para deleitar el oído con el sensible tacto de uno de los mejores pianistas del Jazz; Art Tatum. Aquí el primer volumen completo de sus “Solo Masterpieces” (https://www.youtube.com/watch?v=1SnJSHfMAxQ).

ANTE EL REFORMISMO SUPERFICIAL Y LA PERSISTENCIA DE LOS PROBLEMAS DE FONDO, AÚN HAY ESPERANZA.

Se respira y se vive una nueva crisis política en nuestro México, desatada por la desafortunada amalgama de la crisis social detonada por el caso Ayotzinapa y por el infortunio que en el camino se ha topado el “proyecto de nación” del Presidente Peña Nieto y su Estado Contrarrefomado (como lo he llamado ya anteriormente).

Y es que ante la visión acusadora del Presidente, que de manera inverosímil y con evocación a Poncio Pilatos (por aquello del lavado de manos), recurre al argumento “conspirativista” ampliamente popularizado por el multiatacado AMLO: el famoso complot, resulta imposible compartirla y se hace obligatorio un análisis profundo y a conciencia, para ubicar los puntos claves del por qué, en los más de 30 años del reformismo continuo, México no termina de reformarse y mucho menos de asentarse en las esferas del primer mundo, como continuamente lo ha prometido el discurso reformista de nuestros gobernantes.

Desde luego, ese análisis necesario, no es materia de la presente columna; sin embargo, expondré aquí lo que a mi consideración representa, gran parte del fracaso del citado reformismo.

En México hemos adolecido de una mala aplicación del concepto de Democracia, adoptando en algunos momentos una extraña obsesión tanto en la esfera política como pública y académica, por enmarcarlo en los límites de la alternancia partidista en el poder, resumido en esa ya famosa frase de “sacar al PRI de los Pinos”.

Este empecinamiento por dar ese matiz a nuestra aplicación de la democracia, ha menguado las posibilidades de lograr una verdadera transformación de la vida política y pública de nuestro país, pues si bien es cierto que la alternancia partidista es un componente importante de la democracia (más aún ante la mala gestión gubernamental), hemos pasado por alto la necesidad de una verdadera transformación institucional, provocando con ello un muy triste escenario de lo que ya hace años Luis F. Aguilar llamara el “México Inconcluso”, y observando alejarse cada vez más “El Futuro que no Tuvimos” como lo expresa la obra de Mauricio Merino ante el periodo de desencanto que desembocó en el regreso del PRI a los Pinos (como muestra irrefutable del fracaso de nuestro modelo democrático, más aún en su muy limitada concepción).

En la transformación del país han persistido las estructuras institucionales y políticas repletas de vicios, que a la larga representaron pingues beneficios para “el gobierno del cambio” y el del “vivir mejor”, más no de manera significativa para la ciudadanía en general, pues en su transformación no se vislumbró un verdadero compromiso con la generación de una cultura ciudadana que más allá de ejercer el voto, entendiera la importancia de su participación en el espacio público, de su corresponsabilidad (dadas las mayores libertades) para con la seguridad y prosperidad de la sociedad, mediante la adecuada contribución fiscal, la obediencia de las leyes y la participación en los asuntos de importancia pública (a través de Organizaciones de la Sociedad Civil realmente autónomas, pero que caminen de la mano del Estado).

Y es que lejos de transformar la realidad social del país y mitigar esa enorme deuda que se tiene principalmente con los sectores vulnerables, la democracia si bien ha modificado la estructura político-partidista, parece ser que solo lo ha hecho en beneficio precisamente de las estructuras partidistas, facilitándoles el encumbramiento necesario para dar fe de la “Ley de Hierro de las Oligarquías” de Robert Michels, que nos deja ver a los tres partidos dominantes (más sus apéndices, léase PVEM y PT principalmente), cada vez más ambiciosos, con mayor disposición de recursos públicos, minados por la corrupción e incluso penetrados por la delincuencia, pero cuidando entre ellos sus muy particulares intereses, con negociaciones en lo público y lo privado que rayan en lo turbio y que se materializan en instrumentos como el muy aplaudido y a su vez criticado Pacto por México.

Hemos vivido entonces, una transformación continua en cuanto al redimensionamiento del Estado y al ejercicio de libertades económicas y políticas de la ciudadanía, pero desde la perspectiva de la reforma política, no se ha logrado transformar de mantera adecuada la relación entre sociedad y Estado, pues para gobiernos de los tres órdenes y de todos los partidos, ha resultado más fructífero, mantener el carácter del Estado Paternalista, sin modificar las estructuras de fondo que permitan genera una sociedad con mayor autonomía, mayores capacidades, mayor compromiso con el espacio público y por tanto mayor participación proactiva en el quehacer gubernamental, que por consecuencia exija entre otras cosas, la verdadera consolidación de la cultura de la transparencia, punto medular de la democracia.

Por ello, lo que hoy sucede en el país no debe verse jamás como mero producto de la casualidad, ni mucho menos como fruto de un complot; debe por el contrario, verse como producto del hartazgo de una sociedad cada vez más vulnerada por los abusos de su clase política y empresarial, arrinconada además por el yugo de la inseguridad y la violencia que día a día le aqueja, y desprovista de los mecanismos necesarios que les permita actuar de forma unida y coordinada para modificar la realidad del país, porque indudablemente, ante todo el reformismos, es justamente eso, lo que a la clase política menos le ha convenido fomentar.

Es quizás por eso, que aún ante la efervescencia de la actual protesta social, no se ha logrado el impacto necesario para ver a toda la sociedad completamente involucrada con una problemática que les cada vez más familiar y cotidiana, ya que en general, no se logra un entendimiento adecuado de lo que es público y por tanto requiere de la intervención conjunta de todos los entes sociales.

En conclusión, el país no podrá transformarse verdaderamente en tanto no exista una verdadera reforma política (que debiera comenzar, aunque no será así, en los espacios de representación popular monopolizados por los partidos políticos) que modifique sustancialmente la relación entre sociedad y Estado, generando por parte del gobierno, los mecanismos adecuados para que la ciudadanía participe de la vigilancia y ejercicio del poder público, en tanto que permita gradualmente la apropiación del concepto de “lo público” por cada  uno de los ciudadanos. Todo ello es solo uno de los problemas de fondo de nuestra actual crisis política, pero por ello mismo, la actual movilización social debe verse con enorme esperanza. #TodosSomosAyotzinapa.

Para despedirme, la recomendación musical de hoy: And I Love Her, magnífica pieza musical de The Beatles, en la majestuosa interpretación de uno de los Guitarristas más influyentes del Jazz, Pat Metheny; un excelente arreglo bastante agradable para el oído común pero jamás alejada de las grandiosas armonías del Jazz. (https://www.youtube.com/watch?v=MYcZ6s3z1jg).

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