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#EPNvsInternet

ROGELIO CÁRDENAS

Capítulo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales…

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Año 2006, la indígena ñañu Jacinta Francisco Marcial es encarcelada durante tres años acusada de secuestrar a un grupo de agentes federales; sí, por secuestrar a seis agentes federales en un tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. En diciembre del 2008, Jacinta fue condenada a 21 años de prisión, un año más tarde ante la falta de solidez de las pruebas, un juez decretó su liberación el 15 de septiembre del 2009, tres años violando sus derechos humanos.

Año 2010 los indígenas originarios de Atla en la sierra norte de Puebla, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz de 64 y 48 años respectivamente, son encarcelados por casi tres años acusados injustamente por un delito que no existió y por el que no podían defenderse por no hablar español hasta que una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su inmediata liberación. Activistas sociales que demandaban el uso gratuito del agua en su comunidad que les fueron violados sus derechos por tocar intereses económicos de un cacique local.

Ejemplos como estos los hay por cientos en nuestro país, la violación de los derechos expresados en la constitución es una acción común para nuestras autoridades que provoca que la sociedad en muchas ocasiones le tenga el mismo miedo a los supuestos impartidores de justicia que a los delincuentes, y ese miedo esta plenamente justificado.

Es así como actúan las autoridades y bajo esa premisa es inevitable que los usuarios de internet hayan comenzado un nuevo ataque al presidente Enrique Peña Nieto por las reformas en materia de telecomunicaciones que están en discusión en el Congreso de la Nación y es que el internet y sobre todo las redes sociales son una herramienta que puede resultar muy peligrosa para los gobiernos o para la sociedad y en la lógica del autoritarismo, esta herramienta debe ser controlada.

En el artículo titulado “VIERNES DE SILENCIO POR CALLAR Y POR TANTO RUIDO” (que pueden leer aquí http://goo.gl/5Of8k5 ) Bruno Zarazúa dice que el cierre de sitios solo ocurrirá en caso de amenaza a la seguridad del Estado Mexicano y es ahí cuando surge la pregunta ¿Qué es una amenaza para la seguridad? Bruno da el ejemplo de poner bombas en los pinos, pero quizá para el gobierno sea igual de amenazante una convocatoria social a la desobediencia civil o la divulgación de información clasificada o simplemente una foto que no le guste al presidente, porque en la ley no se expresa de manera explícita que significa una amenaza a la seguridad y queda sujeta la aplicación de la ley al criterio de quien gobierna y este tipo de acciones no están lejos de las que realiza Maduro en Venezuela o Castro en Cuba, por mencionar algunos.

Aunque suene raro que los derechos humanos estén expresados en nuestra constitución no es garantía de que podamos ejercerlos. Como mencioné, existen muchos ejemplos que lo demuestran, ¿quién me garantiza el derecho a un internet libre? En este país bajo los términos expresados en la reforma nadie lo puede hacer.