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Impuesto Ecológico ¿Inicio de la revolución fiscal?

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

El 2017 nos recibió con modificaciones al orden mundial, nacional y estatal; a nivel internacional, el relevo de gobierno en los EEUU es quizás el suceso que más cambios vislumbra en el panorama político y económico global a corto y mediano plazo, además, el que más oportunidades nos dará de generar debate desde este y otros espacios de expresión.

En el nivel nacional, amén de las implicaciones del “fenómeno Trump”, iniciamos el año con la llegada del mayor “gasolinazo de la historia” que ante la falta de tacto y sensibilidad política social, además de la pésima estrategia de comunicación gubernamental, ha logrado que la sociedad mexicana muestre atisbos de reacción y cohesión social a través de manifestaciones de inconformidad, llevando a niveles históricamente bajos la aprobación del Presidente de la República y congregando voluntades y deseos ciudadanos, de detener los abusos del “Sistema”, independientemente de ideologías políticas.

Finalmente en el nivel estatal, el año nos recibió con el siempre impopular nacimiento de nuevos impuestos, dentro de los que destaca el denominado “Impuesto Ecológico”.

Es natural la impopularidad de los impuestos; es natural también la resistencia a aceptar su pago, resistencia que se acrecienta a medida que se incrementa el nivel de poder económico y político del sujeto que puede ser “afectado”; que en este caso, no es cosa menor.

El Impuesto Ecológico contempla cuatro vertientes que dan origen a su base gravable:

  • La remediación ambiental en la extracción de minerales.
  • La emisión de gases a la atmósfera.
  • El depósito o almacenamiento de residuos.
  • La emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua.

No obedecen a meras ocurrencias, sino a lo que parece ser un acto de justicia social, por los efectos de una industria altamente extractiva, que ha convertido no solo a Zacatecas sino a buena parte de la América Latina en el proveedor del bienestar económico de los imperios y los países desarrollados: la minería. Industria cuyos efectos en muchos casos devastadores, han transferido al Estado su costos a mediano y largo plazo.

La actividad minera en México ha resultado sumamente redituable para el capital extranjero a lo largo de la historia. Zacatecas ha sido para el mundo, uno de los grandes proveedores de minerales desde tiempos de “La Colonia”; de ahí la existencia de territorios devastados como es el caso de la región de Noria de Ángeles, que por la explotación de la mina Real de Ángeles, dejó para otra vida la productividad  de sus tierras.

Zacatecas tiene en su subsuelo, algunos de los yacimientos de minerales más importantes del mundo, razón por la que en los últimos años ha recobrado su posición de uno de los principales productores de oro, plata, cobre, zinc y otros minerales.

No se pone en duda la gran contribución que por diferentes vertientes hacen las empresas mineras al desarrollo de la entidad; tampoco las labores de responsabilidad social y el cumplimiento de estándares de calidad en su producción y normas que pretenden regular el impacto de su actividad. Sin embargo, si se considera la explotación y el enorme valor de los bienes extraídos del subsuelo, resulta a todas luces insuficiente su contribución económica al erario nacional.

Uno de los argumentos para restar legitimidad al “impuesto ecológico”, ha sido que tiene fines meramente recaudatorios, argumento un tanto absurdo si se toma en cuenta que un impuesto tiene por naturaleza es fin: recaudar. No obstante las actividades que grava, analizadas con detenimiento, presentan dos puntos medulares para dotarle de legitimidad económica y social:

  • La recaudación como cobro a los daños causados al medio ambiente y la sustentabilidad de los territorios, por las industrias altamente extractivas.
  • El carácter de progresividad del impuesto, dadas sus características de gravar de facto, el nivel de actividad industrial altamente extractiva y sumamente redituable, sin afección directa a los beneficios de los trabajadores: una forma de impuesto al capital.

Llama la atención que los sindicatos se manifiesten en contra de un impuesto que grava la actividad empresarial -dentro del derecho que conlleva la facultad del Estado para ejercer la rectoría económica- en tanto no se han manifestado contra las reformas estructurales que hasta el momento han precarizado el estatus económico de la clase media principalmente, a la que por cierto, pertenecen la mayor parte de los empleados de las empresas mineras. Se percibe entonces una forma de “charrismo sindical” desde la iniciativa privada, que valga decirlo no es menor, dado el poder económico y de negociación de ese gremio tan bien organizado.

Particularmente considero, que ante estos embates y la crítica social que pudiera desencadenar, el Estado no debe ceder en sus objetivos de recaudación del impuesto; primero porque es la única actividad industrial sobre la que pueden mantener el mayor poder de negociación, ya que yacimientos mineros como los que se explotan en Zacatecas, no abundan en otras partes del mundo; segundo, porque representa el primer acercamiento con un acto de justicia fiscal distributiva, al gravar la actividad industrial (que reditúa en altas ganancias de capital) sin que los “perjuicios” causados, pueden ser transferidos legítimamente al trabajador.

Ha sido ideario de algunos de algunos de los últimos “Premios Nobel de Economía”, impulsar impuestos que graven las altas concentraciones de riquezas y que hasta le fecha gozan de ciertas formas “paraísos fiscales mundiales”: las transacciones financieras, las herencias, la acumulación de capital y la actividad extractiva de alto impacto.

Si bien la utopía útil del Impuesto Mundial al Capital (Piketty dixit) resulta muy distante, este impuesto bien puede representar el primer acercamiento a ello. Ahí radica el gran temor del empresariado (principalmente el minero): la eventual replica de este tipo de imposiciones en otras entidades federativas, en la federación misma y por qué no, en otras naciones. Por ello se entiende la fuerza con que reaccionan en su contra.

Ahora bien y para finalizar, los argumentos aquí vertidos, parten de la premisa de que los recursos eventualmente recaudados, se destinen adecuadamente a la promoción del desarrollo económico y social de Zacatecas. Ahí radica la otra cara de la moneda: someter al escrutinio popular, el histórico despilfarro del recurso público, los grandes vicios de corrupción, la escasa transparencia y rendición de cuentas, así como el enriquecimiento de políticos y empresarios consentidos del “Sistema” y no solo eso, sino actuar en consecuencia; pero eso, aunque es parte de la misma historia, es en sí, otra historia que por cierto, abordaremos continuamente en este espacio.

No olvidemos la recomendación musical para el día de hoy: “El clave bien temperado”, composiciones del genio musical Johann Sebastian Bach, que en expresión de su genialidad, explota todas las tonalidades de la escala cromática de la música occidental; obra ampliamente recomendada para relajar la mente y potenciar la concentración (al menos a mí me sirve) https://www.youtube.com/watch?v=hUt4PP_kQW8.

Nos seguimos leyendo, en la expresión de las Voces Cruzadas.

Los salarios detrás de la “EUFEMISMOCRACIA”

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

Uno de los pilares de la democracia es la comunicación entre gobierno y sociedad, que representa el primer eslabón de la cadena de participación ciudadana. En la medida en que el gobierno logre transmitir sus ideas, argumentos y motivos a la ciudadanía, la gestión gubernamental cobra legitimidad y por tanto, el grado de aceptación de los gobiernos, se incrementa.

La crisis social que se va configurando a raíz del “gasolinazo” con que nos recibió el 2017, se debe en buena medida a la deficiencia de comunicación mostrada ya largamente por el gobierno federal, que parece empeñado en la creencia de gobernar una sociedad de hace 30 años y que ha tenido como uno de sus rasgos principales, la insensibilidad política para con la sociedad. Todo esto desde luego, sin soslayar el motivo principal de fondo, es decir, la gran y crecida burbuja de corrupción que ha alimentado y formado parte importante del Sistema Político Mexicano (Cosío Villegas dixit).

Ese quizás torpe modelo de comunicación, parece haber adoptado como vertiente fundamental, el uso indiscriminado del eufemismo -definido por la RAE como una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante- en la discursiva política.

En esa discursiva, el argumento principal es que de no retirarse el subsidio a los combustibles -medida que por cierto apoyo desde hace años dado su carácter regresivo-, podría ponerse en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Y ciertamente podría tener validez, de no ser porque con ese eufemismo, se pretende cubrir entre otros hechos, la ineficiencia del gasto público, el enorme costo de la corrupción y el saqueo a las finanzas públicas por parte de políticos y gobernantes en turno, el mantenimiento de prebendas y beneficios de las élites políticas, el costo de los estímulos fiscales ofrecidos para la atracción de inversión extranjera y la carga fiscal derivada de la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas instaladas en el país.

Atrás de ello se esconde también la decisión de retomar el camino de la austeridad, impulsado ampliamente por la corriente neoliberal, a pesar de los fracasos mostrados en su aplicación en tiempos de recesión y/o crisis, principalmente en países en vías de desarrollo. Y es que las alarmas encendidas por la posible disminución de las calificaciones financieras del país, han llevado al gobierno federal a recortar constantemente el gasto público e incrementar la recaudación en pos de lograr un superávit primario; no obstante el incremento de la recaudación continúa siendo a costa del contribuyente cautivo y no de la disminución de créditos fiscales de los grandes deudores del fisco.

Estas medidas terminan transfiriendo el costo de las malas decisiones financieras de años, al bolsillo de los ciudadanos, principalmente al de la clase media ya bastante golpeada por el fisco. A su vez, se convierten en políticas procíclicas que dada la crisis, eventualmente afectan en mayor manera la dinámica de la ya de por sí estancada economía mexicana, alargando la crisis y afectando desde luego a los sectores más desprotegidos, principalmente al sector laboral ya castigado en suficiencia por otro eufemismo político: de la flexibilidad laboral, potenciado por la reforma de la materia y que representa en el fondo, la facilidad para terminar con las relaciones laborales con el menor costo para los empleadores.

Evidentemente estas medidas que entrampan a la economía nacional, terminan precarizando la situación económica de la mayor parte de las familias mexicanas, a través de la disminución de su poder adquisitivo. Es este punto en donde radica el mayor daño de estos eufemismos políticos, y es que como argumenta Paul Krugman en su libro “Acabad ya con esta crisis”:

Los trabajadores son muy reacios a aceptar recortes explícitos a los salarios; son mucho más reacios a aceptar, digamos, que a final de mes les ingresen en su cuenta una cantidad un cinco por ciento inferior a la que recibían, que a aceptar un ingreso inalterado cuyo poder adquisitivo […] se ve erosionado por la inflación.

Así entonces, lo que vivimos actualmente en el país no es otra cosa más que el mayor ajuste (recorte) a los salarios desde la crisis del 95, que merma la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en una forma sumamente regresiva, promoviendo el incremento de las brechas de desigualdad, pues si bien es cierto, las cifras oficiales de inflación se mantienen en niveles relativamente aceptable, el ciudadano común reciente con mayor fuerza el impacto de estas políticas, sobre su bolsillo; mientras tanto, los pobres mas pobres y los ricos más ricos.

En ello radica el punto medular las medidas tomadas para “mantener la estabilidad de las finanzas públicas”. Ahí se encierra la indignación producida por “EUFEMISMOCRACIA” en que vivimos.

Fiel a la costumbre, me despido con la recomendación musical: Even So, de autoría de uno de los maestros del jazz nacional, Enrique Nery. Sencillamente encantadora. https://www.youtube.com/watch?v=0z8GiOS1kSk

De Autos, Combustibles y Políticas Públicas

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

Me confieso como una de las personas que usan poco el transporte público, aun y cuando viajo en él en promedio tres o cuatro veces a la semana; una de esas personas que viven sobre el tiempo y que procuran moverse de un espacio a otro de la forma más sencilla: en el vehículo particular.

¿Qué tiene ello de relevante? Si se analiza aisladamente nada, pero si se contempla el gran sector de la sociedad con los mismos hábitos de traslado, vaya que cobra relevancia.

Desde el inicio del milenio, la industria automotriz ha sido una de las que mayor impulso ha recibido por parte del gobierno federal. Hoy México ocupa posición en el Top 10 de los países con mayor producción; es el primero en América Latina y el segundo mayor exportador global. Se ha generado excelente mano de obra calificada y de bajo costo para la industria, que ha repercutido en la instalación de plantas ensambladoras de marcas Premium como BMW (mi sueño), marcas “medias” de excelente calidad como Mazda, Honda y Toyota (mis favoritas) y marcas populares como Nissan, Ford, Volkswagen, Chrysler, General Motors, entre otras, que solo para 2015 fabricaron arriba de 3.5 millones de unidades, 80% de ellas destinadas a la exportación.

Aparejada con esta gran producción, el Gobierno Federal ha impulsado políticas para facilitar el acceso al crédito como herramienta para promover el consumo de productos automotrices. Hoy vemos circular muchísimos más vehículos que en el milenio pasado, conducidos en buena proporción por personas de estratos sociales para los que en aquella época, hubiera sido impensable poseerlos. Sin duda todas ellas, políticas que han ayudado a hacer de la industria automotriz, uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana.

En apariencia nada reprochable; sin embargo, el impulso a políticas que favorecen el uso del transporte privado, deberían ir acompañadas de inversiones importantes para la generación de infraestructura carretera y urbana adecuada para su circulación, así como de una cultura vial adecuada, fortalecimiento del transporte público y el fomento a mecanismos para garantizar la sustentabilidad de las ciudades, cosas que evidentemente no han sucedido, al menos con la intensidad necesaria.

Lo que sí ha sucedido, es que se ha creado una sociedad consumista -y en buena proporción dependiente- del producto automotriz y por consecuencia, una sociedad altamente consumidora  del insumo fundamental para su puesta en marcha: los combustibles.

Al amparo de todo ello, se entiende la jugosa caja de recaudación que la venta de combustibles -a través del aún “monopolio estatal” PEMEX- representa para el Gobierno Federal; y también a partir de ello y en función de la ley de oferta y la demanda, se entiende la enorme elasticidad de que gozan para incrementar su precio sin sufrir grandes impactos en su demanda. En palabras comunes, en ello radica el hecho de que a pesar del sustancial crecimiento de los precios de los combustibles en este milenio, el mexicano siga consumiéndolo sin recato alguno, aportando una gran cantidad de recurso a las arcas públicas, pero a su vez, contribuyendo a la degradación del medio ambiente y al impacto en la salud de la ciudadanía en general.

Y es que, en palabras del Senador del PAN, Francisco Búrquez, tan solo el más reciente “gasolinazo” representará para el Gobierno Federal, la recaudación de 300 mil millones de pesos extra, cifra nada despreciable si se considera la histórica baja recaudación impositiva en nuestro país, pero que con una visión prospectiva, resulta a todas luces insuficiente para contrarrestar el alto costo que a futuro tendrá en la atención en salud y la regeneración de infraestructura y el medio ambiente.

Lastimosamente, aunque pragmáticamente inteligente, la estrategia sigue siendo la misma: cargar la mano al consumidor-contribuyente cautivo, sin solucionar la problemática de recaudación de fondo, sin dar solución a la escasa capacidad institucional para hacer que paguen más quienes más tienen. Sin embargo, a diferencia de la recaudación por concepto de otros impuestos, esto tiene una parcial solución en mano del consumidor: sencillamente dejar de consumir el combustible; dejar de usar el transporte privado.

La parcial solución no está en protestar por el alza a los precios de los combustibles, que valga decir, han mitigado el enorme vació fiscal provocado por la disminución de los precios internacionales del “crudo”; tampoco estaría en limitar el crecimiento de la industria automotriz, menos aún en su etapa de auge; la solución parcial está en protestar y obligar a los gobiernos, a fomentar la verdadera mejora en los sistemas de transporte público, para que resulte atractivo y beneficioso en economía y calidad para el ciudadano promedio; un sistema de transporte que deje de priorizar los intereses de los concesionarios constituidos en mafias, y ponga en el centro al interés público; un sistema de transporte sustentable, amigable con el medio ambiente y debidamente integrado de acuerdo a las necesidades de las ciudades y a su planeación urbana y territorial; un sistema que por consecuencia, disminuya el alto grado de consumo de combustibles y obligue al Gobierno Federal a replantear las políticas públicas en materia fiscal, de desarrollo urbano y de impulso a la industria.

Reflexiones personales, banas pero no tan banas.

Como recomendación musical para el día de hoy, una adaptación del clásico al jazz, a cargo del gran genio musical de Miles Davis. El Concierto de Aranjuez, de su obra Sketches of Spain. Grandiosa. (https://www.youtube.com/watch?v=tSGUPsAeL34)