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Los salarios detrás de la “EUFEMISMOCRACIA”

Eduardo Ernesto Hernández Castañeda

Uno de los pilares de la democracia es la comunicación entre gobierno y sociedad, que representa el primer eslabón de la cadena de participación ciudadana. En la medida en que el gobierno logre transmitir sus ideas, argumentos y motivos a la ciudadanía, la gestión gubernamental cobra legitimidad y por tanto, el grado de aceptación de los gobiernos, se incrementa.

La crisis social que se va configurando a raíz del “gasolinazo” con que nos recibió el 2017, se debe en buena medida a la deficiencia de comunicación mostrada ya largamente por el gobierno federal, que parece empeñado en la creencia de gobernar una sociedad de hace 30 años y que ha tenido como uno de sus rasgos principales, la insensibilidad política para con la sociedad. Todo esto desde luego, sin soslayar el motivo principal de fondo, es decir, la gran y crecida burbuja de corrupción que ha alimentado y formado parte importante del Sistema Político Mexicano (Cosío Villegas dixit).

Ese quizás torpe modelo de comunicación, parece haber adoptado como vertiente fundamental, el uso indiscriminado del eufemismo -definido por la RAE como una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante- en la discursiva política.

En esa discursiva, el argumento principal es que de no retirarse el subsidio a los combustibles -medida que por cierto apoyo desde hace años dado su carácter regresivo-, podría ponerse en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Y ciertamente podría tener validez, de no ser porque con ese eufemismo, se pretende cubrir entre otros hechos, la ineficiencia del gasto público, el enorme costo de la corrupción y el saqueo a las finanzas públicas por parte de políticos y gobernantes en turno, el mantenimiento de prebendas y beneficios de las élites políticas, el costo de los estímulos fiscales ofrecidos para la atracción de inversión extranjera y la carga fiscal derivada de la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas instaladas en el país.

Atrás de ello se esconde también la decisión de retomar el camino de la austeridad, impulsado ampliamente por la corriente neoliberal, a pesar de los fracasos mostrados en su aplicación en tiempos de recesión y/o crisis, principalmente en países en vías de desarrollo. Y es que las alarmas encendidas por la posible disminución de las calificaciones financieras del país, han llevado al gobierno federal a recortar constantemente el gasto público e incrementar la recaudación en pos de lograr un superávit primario; no obstante el incremento de la recaudación continúa siendo a costa del contribuyente cautivo y no de la disminución de créditos fiscales de los grandes deudores del fisco.

Estas medidas terminan transfiriendo el costo de las malas decisiones financieras de años, al bolsillo de los ciudadanos, principalmente al de la clase media ya bastante golpeada por el fisco. A su vez, se convierten en políticas procíclicas que dada la crisis, eventualmente afectan en mayor manera la dinámica de la ya de por sí estancada economía mexicana, alargando la crisis y afectando desde luego a los sectores más desprotegidos, principalmente al sector laboral ya castigado en suficiencia por otro eufemismo político: de la flexibilidad laboral, potenciado por la reforma de la materia y que representa en el fondo, la facilidad para terminar con las relaciones laborales con el menor costo para los empleadores.

Evidentemente estas medidas que entrampan a la economía nacional, terminan precarizando la situación económica de la mayor parte de las familias mexicanas, a través de la disminución de su poder adquisitivo. Es este punto en donde radica el mayor daño de estos eufemismos políticos, y es que como argumenta Paul Krugman en su libro “Acabad ya con esta crisis”:

Los trabajadores son muy reacios a aceptar recortes explícitos a los salarios; son mucho más reacios a aceptar, digamos, que a final de mes les ingresen en su cuenta una cantidad un cinco por ciento inferior a la que recibían, que a aceptar un ingreso inalterado cuyo poder adquisitivo […] se ve erosionado por la inflación.

Así entonces, lo que vivimos actualmente en el país no es otra cosa más que el mayor ajuste (recorte) a los salarios desde la crisis del 95, que merma la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en una forma sumamente regresiva, promoviendo el incremento de las brechas de desigualdad, pues si bien es cierto, las cifras oficiales de inflación se mantienen en niveles relativamente aceptable, el ciudadano común reciente con mayor fuerza el impacto de estas políticas, sobre su bolsillo; mientras tanto, los pobres mas pobres y los ricos más ricos.

En ello radica el punto medular las medidas tomadas para “mantener la estabilidad de las finanzas públicas”. Ahí se encierra la indignación producida por “EUFEMISMOCRACIA” en que vivimos.

Fiel a la costumbre, me despido con la recomendación musical: Even So, de autoría de uno de los maestros del jazz nacional, Enrique Nery. Sencillamente encantadora. https://www.youtube.com/watch?v=0z8GiOS1kSk

Centralización Sistemática

Jesús Reyes

Esta semana en el Senado se dio una de las principales noticias del mundo político; el Senador panista Javier Corral y el gobernador priista de Chihuahua Cesar Duarte se enfrascaron en dimes y diretes que llegaron incluso al ámbito personal. Todo esto ocurrió en el marco de la discusión legislativa de las modificaciones a la ley propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública. Si bien lo que fue cubierto en los noticieros y recibió la mayoría de la atención fue este pleito entre ambas figuras públicas lo que debería de estar en la conversación ciudadana es la intención de estas reformas.

El punto central de las modificaciones propuestas por el ejecutivo federal es la abolición de los cuerpos policiacos municipales. Todo esto, en respuesta al escándalo que se dio en Ayotzinapa y las concurrentes quejas y muestras de corrupción que se dan en el ámbito local. Obviamente esta es la respuesta a una crisis, si el problema está en la colusión entre cuerpos policiacos municipales y bandas del crimen organizado, la respuesta obvia, según Peña Nieto, es abolir estas policías. Sin embargo, esta respuesta también es parte de una tendencia más grande en nuestro país que se ha dado a favor de centralizar los poderes y las habilidades; alejar cualquier posibilidad de maniobra y poder de los gobiernos locales “corruptos” e “ineficaces” y dárselos a los gobiernos estatales o incluso centralizarlos en el ejecutivo federal. Esta ha sido la tendencia en educación, con pruebas centralizadas y unificadas; en cuestiones fiscales donde históricamente los gobiernos locales tienen muy poca posibilidad de maniobra y tienen que sobrevivir pidiendo prestado; y ahora también en cuestiones de seguridad.

Este tipo de políticas (especialmente en el ámbito de seguridad pública) son favorecidas y apoyadas por un amplio sector de la ciudadanía. Sin embargo, cabe preguntarse si dibujan verdaderamente el rumbo que nuestro país debe tomar. La lógica es muy simple: “los gobiernos locales son pequeños y débiles, por lo tanto son más vulnerables a males como la corrupción, el tráfico de influencias y la opacidad de sus actos, por ende hay que quitarles poderes y habilidades, centralizar lo que hace siglos habíamos decidido descentralizar”. Esta descentralización es una de los principios más básicos de nuestra República Mexicana y ha sido adoptada por innumerables países para promover una ciudadanía más participativa que pueda decidir y tenga las herramientas necesarias para mejorar su entorno. La idea es buena; si los ciudadanos tienen la habilidad de cuidar y mejorar las escuelas a donde van sus hijos, de apoyar los cuerpos policiacos que cuidan sus calles y de pagar impuestos que tengan un impacto directo en sus comunidades, esto hará que sean más participativos y estén más involucrados en la política local.

¿Vale la pena abandonar este ideal, que en muchos países ha comprobado ser un incentivo para una ciudadanía participativa, solo porque estos gobiernos son más vulnerables a la corrupción? Nadie niega que la corrupción se debe de combatir, es uno de nuestros principales problemas como país, pero ¿qué no el primer paso debe de ser precisamente ese combate a la corrupción sin quitarles a los gobiernos locales los pocos poderes que les quedan? Si hubiera un verdadero esfuerzo por parte del gobierno federal para combatir la corrupción en todos los niveles y en todas sus formas, la ciudadanía podría creer que este paso de abolir las policías municipales sea una medida temporal y necesaria. Pero este esfuerzo no se ha dado ni se ve que el ejecutivo federal tenga intenciones de darlo, y los casos de corrupción y conflicto de interés siguen apareciendo por todos lados dentro de su gobierno. Que no le sorprenda al gobierno federal que muchos ciudadanos sigamos escépticos de sus intenciones cuando la corrupción no se combate con seriedad ni fuerza pero si se le quitan a los gobiernos locales los pocos poderes que tenían.

Más allá de la corrupción, uno de los problemas más grandes en nuestro país, es que la ciudadanía no es lo suficientemente participativa para exigir y demandar lo que requiere de su gobierno. Si ya sabemos que la descentralización (bien implementada) es la manera de crear una ciudadanía más participativa, ¿habrá alguna razón por la cual el gobierno federal está yendo en una dirección opuesta? Mi opinión es que le apuestan a una ciudadanía cada vez más desinformada, desinteresada y conformista, y harán lo necesario para que este siga siendo el caso; incluso si esto significa ir contra uno de los ideales fundadores de nuestra nación.

“Chapo” para Rato

JESÚS REYES

El sábado 22 de febrero México y el mundo se despertaron con una noticia trascendente, de esas que impactan y que tienen hablando a los medios de comunicación y a la ciudadanía por un buen rato. Después de 13 años buscando y persiguiendo a uno de los capos del narcotráfico más influyente y poderoso, por fin se ofrecieron resultados; Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera había sido arrestado a manos de la Marina y unos cuantos agentes de la estadounidense DEA, con la ahora sabida ayuda de drones o aviones no tripulados norteamericanos, de los cuales nadie se queja. Sin duda esto es una buena noticia para todos; a menos de que los más fervientes creyentes en las teorías de la conspiración tengan razón y el individuo arrestado sea simplemente un doble, todos podemos festejar el acontecimiento: significa un criminal menos en las calles y representa un serio golpe a una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo. Sin embargo, las preguntas y dudas al respecto siguen abundando.

Lo primero que cabe preguntarse es ¿Qué tanto intervencionismo o “cooperación” hubo por parte de las agencias y fuerzas policiacas estadounidenses? La primera información que se filtro en las primeras horas del sábado 22 de febrero fue dada a conocer por medios del vecino país en los que se mencionaba que fueron agentes de la DEA los que habían logrado el arresto. Siete horas después de que se difundió la primera información en Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto la confirmó y se aseguró que el arresto había sido por parte de la Marina y que las agencias estadounidenses solamente habían colaborado datos de inteligencia. Sin embargo, esto no termina todas las dudas; al momento de escribir estas líneas los principales medios globales aseguran que el arresto fue conjunto, entre ellos algunos tan importantes como Bloomberg, The Daily Mail, AP y ABC. Incluso autoridades estadounidenses han tenido que aclarar que ellos no fueron los que le pusieron las esposas al narcotraficante.

Sin duda, queda claro que hubo cierta colaboración pero como ciudadanos mexicanos responsables, informados y preocupados acerca de la soberanía nacional tendríamos que preguntarnos: ¿Qué tanta? ¿Se respeto la regulación que hay en la materia para salvaguardar la soberanía de nuestro país? A través de convenios se ha aceptado que agentes no armados      de agencias norteamericanas puedan actuar en territorio nacional pero ¿se respetaron dichas disposiciones legales? Si la colaboración fue solamente en términos de inteligencia e información, ¡Qué bueno! Podemos aplaudirla, pero sin embargo, el uso de aviones no tripulados de otro país es preocupante, ya que los convenios en esta materia no son claros y el hecho de que fueron utilizados deja cierto espacio para el uso de este tipo de tecnologías avanzadas pero al mismo tiempo intromisorias, peligrosas y dañinas en el futuro. Finalmente, el hecho de que hayan sido las agencias norteamericanas las primeras en confirmar esta importante noticia me deja a mí y a muchos intranquilos.

Tal vez algunos podrían argumentar que si los resultados fueron positivos, ¿Qué tan importante es que los “gringos” nos hayan ayudado? Pero la problemática es que sienta un precedente muy poco deseable para el futuro y permite cada vez más injerencia norteamericana en tiempos en los que el espionaje e infiltración de nuestros vecinos ha afectado a decenas de gobiernos alrededor del mundo. Y todavía más preocupante que eso, ¿esta “ayuda” en el mejor de los casos o “intervención” en el peor de estos es solamente “de amigos” o se da quid pro quo a cambio de lo que el país más poderoso imponga? Estos temas deben de analizarse y cuidarse en el futuro. Las instancias de justicia estadounidenses ya pidieron la extradición del capo mandando el claro mensaje de que no se puede confiar en las autoridades mexicanas para extraer la información necesaria del capturado y mantenerlo en prisión. Como los mexicanos sabemos ampliamente, la relación “perfecta” que se pinta en las cúpulas entre Estados Unidos y México siempre ha estado basada en una profunda desconfianza.

En segunda instancia y al margen de las condiciones y circunstancias en las que se llevo a cabo el arresto de Guzmán Loera cabe esperar y desear un actuar cuidadoso y prudente por parte de las autoridades y el gobierno federal. Fácil sería usar este evento como publicidad y demostración ante los opositores de que sí vamos en el rumbo correcto, de que el gobierno de Peña Nieto sí ha hecho lo suficiente para disminuir la inseguridad y  combatir al poder del narco, de que en realidad el nuevo presidente y su nuevo PRI sí están salvando a México como la revista TIME lo propuso en semanas pasadas. Pero la realidad de las cosas, como tan elocuentemente lo puso Lidia Cacho en su artículo “El Chapo y sus socios”, es que este arresto no significa absolutamente nada si no es seguido por un serio debilitamiento de las redes criminales, pero también económicas y financieras, tan delictivas como todo lo asociado al jefe del cartel de Sinaloa.

Tanto en México como en Estados Unidos hay un importante número de políticos, servidores públicos, autoridades policiacas, empresarios y banqueros que permitieron que este hombre se convirtiera en uno de los más ricos y poderosos del mundo a través de una actividad ilícita. El “chapo” no llegó a donde está sólo, y sin embargo su arresto y estancia en la cárcel muy fácilmente las podrá sobrellevar de esta manera si no se tiene la voluntad para apresar también a todos sus aliados, por más que sean allegados de este gobierno o cualquier otro. Viendo el ejemplo de la lideresa sindical Elba Esther Gordillo las esperanzas de que esto suceda son pocas, ya que parece ser la estrategia de Peña Nieto apresar y encarcelar a líderes llamativos y mediáticos pero dejar intactas las estructuras que construyeron y que los llevaron a donde están. Lo mismo probablemente pasará con el empresario ahora buscado Gastón Azcárraga que llevó a Mexicana al desfalco y la quiebra y a sus empleados al desempleo y la lucha social constante y permanente.

Por último, creo que la pregunta que más le importa a la mayoría de los mexicanos es: ¿Qué efectos inmediatos en términos de inseguridad tendrá esta captura? Se repetirá la historia de los numerosos arrestos hechos en el sexenio de Felipe Calderón en los que ya después de que el respectivo capo era ultimado o capturado, las organizaciones delictivas que encabezaba se reorganizaban y/o multiplicaban en el efecto tan conocido por todos del monstruo de tres cabezas. México ya no puede tolerar más de lo mismo y mucho menos más de esto, porque sabemos que líderes como el “chapo” hay muchos y si él se encuentra en la cárcel hoy, bien podrán venir otros veinte que tomen su lugar y otros 20 mil jóvenes que fortalezcan su organización a falta de oportunidades reales de educación y trabajo en un México destrozado institucionalmente pero aun más en su débil entramado social. ¿Será este un gobierno más de capturas vacías sin ningún respaldo con políticas reales de fortalecimiento social para evitar el reclutamiento de aun más delincuentes? Díganme cínico pero mi apuesta sería que así será, una vez más… pobre de nuestro México.